Texto completo – Este informe analiza el régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022, tras un brote de violencia que dejó al menos 92 muertos, y examina sus efectos sobre los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce el impacto negativo de las pandillas en el país, pero cuestiona la necesidad de mantener la suspensión de derechos bajo este régimen, dado que los informes sobre seguridad muestran mejoras que no justificarían su prolongación. La CIDH subraya que la suspensión de derechos debe ser una medida excepcional, necesaria y proporcional, y critica la aplicación de reformas legislativas durante el régimen de excepción que aumentan la pena y amplían la prisión preventiva, entre otras. También señala que estas reformas son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. El informe documenta más de 73,000 detenciones, muchas de ellas con violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza y problemas con el acceso a la justicia. También alerta sobre las condiciones inhumanas de las prisiones, el hacinamiento y la falta de investigaciones adecuadas sobre muertes en prisión. En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH denuncia restricciones a la prensa, obstáculos al acceso a la información pública y un ambiente hostil para los periodistas. Finalmente, concluye que la lucha contra la criminalidad debe ser integral, respetando siempre los derechos humanos, y recomienda al Estado restaurar los derechos suspendidos, investigar las violaciones y garantizar la no repetición de estos abusos. La Comisión presenta 22 recomendaciones al Estado salvadoreño y se ofrece para proporcionar asistencia técnica – Texto completo
